Tres comisiones legislativas dan luz verde a ley de ciberdelitos en Nicaragua

Tres comisiones legislativas dan luz verde a ley de ciberdelitos en Nicaragua

Las Tres comisiones legislativas controladas por los sandinistas impulsan esta ley que es para controlar a medios y personas criticas a Daniel Ortega, aseguraron opositores.

MANAGUA 23.10.2020  (EFE)  La iniciativa otorga poder al TELCOR para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener “congelada” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.

Tres comisiones legislativas avalaron este miércoles una iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversada que produzcan alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

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Las tres comisiones, controladas por los diputados sandinistas, que propusieron ese proyecto, dictaminaron a favor de la iniciativa que ha sido bautizada por la prensa no oficial como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” porque consideran fue preparada para afectar únicamente a los medios tradicionales y alternativos, así como a los usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega.

“Hoy se cometen delitos a través de las tecnología de la información y comunicación, por lo tanto debemos de resguardar y proteger a las familias, a las mismas empresas públicas y privadas, a las personas como individuos”, señaló el diputado oficialista José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación, a medios oficiales.

“Por lo tanto todo aquello que concierne a resguardar la integridad y el respeto a la dignidad, es lo que pretende esta Ley”, agregó.

CONTROL SOBRE REDES SOCIALES

Esa ley, dijo Zepeda, impedirá que las personas puedan “realizar delitos utilizando las tecnologías: no pueden provocar, incentivar, motivar o calumniar a través de las redes sociales porque cometen delito, que están tipificados en el Código Penal”.

La presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, la también diputada sandinista Jenny Martínez, dijo que esa iniciativa “está fundamentada en el respeto a los derechos constitucionales que tenemos todos los y las nicaragüenses de podernos comunicar y transmitir información a través de la tecnología de la información y la comunicación, pero que esa información no incurra en algún delito establecido en esta Ley”.

La iniciativa otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener “congelada” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.

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Las Tres comisiones legislativas no consultaron a medios independientes

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), que no fue consultado por las comisiones, ha anunciado que recurrirán por inconstitucionalidad contra esa ley una vez sea aprobada por la Asamblea Nacional, en donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, y luego entablarán “un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega”.

El denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua ha rechazado esa ley bajo el argumento que persigue censurar y amenazar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

A su vez, que apunta a controlar y censurar la información en internet, criminalizar a los informantes e impedir las investigaciones periodísticas, entre otros.

Según los legisladores sandinistas integrantes de estas Tres comisiones legislativas, el proyecto fue consultado con la Corte Suprema de Justicia, que será el órgano aplicador de la Ley, así como con los Ministerio Público y de Gobernación, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Telcor, y representantes de medios de comunicación oficiales y afines al Gobierno.

El dictamen fue remitido a la primera secretaría de la Asamblea Nacional antes de ser discutido en el plenario en los próximos días.

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