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NICARAGUA: Dudas y tensiones marcan cuenta regresiva para liberación de presos políticos

El martes 18 de junio vence el período de 90 días fijado para liberar a todos los detenidos y anular sus juicios de forma definitiva. Sectores de la oposición temen que el gobierno no cumpla con lo prometido.

MANAGUA 07.06.2019  (DW)  Un ambiente de incertidumbre y tensión se vive en Nicaragua, cuando faltan sólo 10 días para que expire el plazo para que el gobierno ponga en libertad definitiva a cientos de personas arrestadas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega durante el último año y que la oposición denomina “presos políticos”.

El martes 18 de junio vence el período de 90 días fijado para liberar a todos los detenidos y anular sus juicios de forma definitiva, según lo acordado entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica (AC) en una negociación que inició el 27 de febrero y permanece trancada desde hace semanas.

En su más reciente comunicado emitido el viernes (01.06.2019), la Cancillería reiteró que “antes del 18 de junio serán excarceladas las personas detenidas por delitos cometidos a raíz del violento y fallido intento de golpe de Estado”, que es como el régimen denomina a la rebelión social que estalló en abril de 2018.

Sin embargo, dirigentes de la oposición temen que el gobierno no cumpla los acuerdos a cabalidad, ya que reiteradamente promete “excarcelación” y no “liberación definitiva” como se estableció en los acuerdos firmados el 20 de marzo.

De hecho, todos los reos de conciencia que han salido de prisión en los últimos tres meses fueron puestos bajo arresto domiciliario y sus juicios continúan vigentes; muchos de ellos viven bajo asedio policial frente a sus casas.

Consultada por DW, la abogada y dirigente de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, recordó que el gobierno “asumió un compromiso con la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la liberación plena de todos los presos políticos, sin excepción”.

“Esto significa la anulación de juicios y la dignificación de sus nombres, pues ellos no cometieron delitos en tanto el gobierno partió de una premisa falsa al acusarlos de un golpe de Estado que jamás sucedió”, explicó.

“Por otro lado, sí está demostrado que el gobierno no ha asumido su responsabilidad frente a los hechos criminales ocurridos en el último año” y que dejaron 325 muertos, más de 2.000 heridos y 62.000 exiliados,  agregó Solís.

Piden liberar a todos los prisioneros

Según el más reciente informe de la AC y del Comité de Familiares de Presos Políticos, actualizado al 5 de junio, al momento de iniciar la negociación había 795 detenidos, de los cuales 505 han sido excarcelados, pero sin recibir libertad plena.

Por lo tanto quedarían 290 reos de conciencia por liberar, entre ellos 185 cuya presencia en las cárceles ha sido confirmada y 105 pendientes de confirmar. “La información sobre estos últimos es difusa –dijo Solís- pero no podemos afirmar que estén desaparecidos porque sus casos se siguen investigando”.

Activistas de derechos humanos han alertado que el gobierno podría intentar mantener como “rehenes” a los más emblemáticos líderes campesinos y estudiantiles. Parecida suerte podrían correr también los conocidos periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

Más de una decena de esos prisioneros subsisten en celdas de aislamiento o de máxima seguridad, donde se han denunciado tratos inhumanos y degradantes.

“El gobierno no ha mostrado voluntad de liberarlos, pese a que ellos fueron encarcelados sólo por hacer su trabajo de informar. Eso no constituye delito”, declaró la periodista Verónica Chávez, esposa de Mora, quien era el director general del canal 100% Noticias, ocupado y clausurado por la policía el 21 de diciembre.

Por su parte, muchos de los excarcelados que cumplen arresto domiciliario aseguran que son vigilados día y noche por la policía y por activistas sandinistas organizados en comités de barrio que funcionan como células de espionaje.

Edwin Juárez, detenido tras participar en una marcha cívica en Managua, relató que estuvo preso cinco meses. Ahora cumple régimen de “casa por cárcel” y está evadiendo una cita policial  porque teme ser arrestado nuevamente.

“Exigimos la libertad definitiva de todas las presas y presos políticos, exigimos justicia para todos los asesinados, que cesen los secuestros y la persecución, para que el país pueda vivir en justicia y democracia”, declaró Yolanda Sánchez, otra excarcelada.

Amnistía versus justicia

DW solicitó a la oficina de la vicepresidenta Rosario Murillo una declaración oficial sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. En su último comunicado, el gobierno aseguró que trabaja impulsando “comisiones de reconciliación y convivencia armoniosa” en barrios y comunidades, donde la población sigue denunciando capturas de ciudadanos y allanamientos extrajudiciales.

La Cancillería no deja de reclamar la suspensión de sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos a varios funcionarios y allegados de Ortega, incluyendo su hijo Laureano, asesor de inversiones. Según el gobierno, se trata de “medidas políticas económicas unilaterales, ilegales y coercitivas, que afectan todos nuestros derechos”.

Simultáneamente, la mayoritaria bancada sandinista presentó este mismo viernes en el Parlamento una propuesta de Ley de Amnistía para ser aprobada con trámite de urgencia. La ley busca impedir el enjuiciamiento penal de personas señaladas de cometer crímenes, como una forma de “abonar a la reconciliación” de la sociedad.

La abogada Azahálea Solís expresó el rechazo de la oposición a esa iniciativa, pues la interpretan como un ardid para proteger a miles de policías y elementos paramilitares señalados por violaciones a los derechos humanos.

“No es admisible una auto-amnistía o una amnistía unilateral de parte del gobierno, que pretenda disfrazar la impunidad para quienes ordenaron, dirigieron o participaron en crímenes contra la ciudadanía”, afirmó.

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