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Buscando Justicia: Violencia de Género y el Sistema Legal en Nicaragua

Un estudio cualitativo sobre el papel de las prácticas institucionales en las trayectorias de las denuncias de mujeres por violencia de género en Nicaragua, será presentado este viernes 4 de marzo en la UPOLI bajo la coordinación del Instituto de Estudios de Género. El estudio fue realizado por Pamela Neumann, M.A. Candidata a Doctorado en Sociología, Universidad de Texas, Austin, EEUU.

La investigación se realizó entre Junio 2012 y Diciembre 2014, con un total de 10 meses en el trabajo de campo. Como parte de las indagaciones, se realizaron entrevistas a un total de 38 mujeres provenientes de cinco departamentos del país, además de oficiales estatales y representantes de organizaciones de mujeres en Nicaragua. Otros componentes de la investigación incluyen: una sistematizan de denuncias y peritajes forenses antes y después de la ley 779, y un análisis de la cobertura del tema de la violencia contra la mujer entre 2011-2015 en la prensa escrita nicaragüense.

La mayor parte del estudio es un análisis de las prácticas e interacciones entre mujeres víctimas y policías, fiscales y jueces. Demuestra que dentro del sistema legal se reproduce la violencia contra las mujeres a través de una serie de prácticas rutinarias: (1) Presionar las mujeres a hacer mediación. (2) Obligar a las mujeres a producir evidencias para sus propios casos. (2) Usar procedimientos arbitrarios y lenguaje técnico, y (4) Tomar partido con el acusado. Sin embargo, se observa que estas prácticas típicas de las autoridades se pueden cambiar si la víctima cuenta con la compañía de una promotora o asesora. La presencia de una asesora era importante por dos razones principales: Por un lado, las y los oficiales dan más atención a los casos cuando la mujer está acompañada. Por otro lado, las mujeres que reciben apoyo emocional, legal, y psicológico no se dan por vencidas cuando surgen dificultades durante el proceso legal.

El estudio también examina las perspectivas y actitudes de mujeres hacia el sistema legal, específicamente las tensiones y contradicciones que las mujeres experimentan cuando enfrentan la posibilidad de encarcelar a su pareja o ex-pareja. Entre otros hallazgos, se destaca que muchas mujeres con recursos económicos limitados prefieren que el hombre no vaya a prisión y siga trabajando para poder darle la pensión alimenticia. Considera las limitaciones de las estrategias punitivas y legales para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres, y propone alternativas que toman en cuenta la importancia de la dependencia económica de muchas mujeres que sufren violencia.

Por último, este estudio examina la polémica sobre la Ley 779, La Ley Integral Contra La Violencia Hacia Las Mujeres, que se aprobó en 2012. Desde entonces, esta Ley ha sido reformada (2013) y reglamentada (2014), debilitando su intención original. Además de esconder y normalizar los altos índices de violencia contra las mujeres en Nicaragua, los nuevos procedimientos y el discurso de unidad familiar crean aún más obstáculos para las mujeres en su búsqueda de justicia.

 

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